El proyecto busca garantizar la continuidad de la operatividad del fondo, el cual permite mitigar que la volatilidad de los precios internacionales se trasladen a los consumidores finales, especialmente a los sectores de menores recursos. 

 

El proyecto de ley aprobado, que será remitido al Congreso de la República, propone autorizar la incorporación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, vía crédito suplementario, hasta por 1643 870 000 soles, a favor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con la finalidad de financiar el Fondo para la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo (FEPC) y pagar las obligaciones a favor de los productores e importadores, en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2004.

 

 

Esta medida se enmarca en el Plan Impulso Perú, a fin de minimizar el impacto de la volatilidad de precios de combustibles sobre la población vulnerable mediante el FEPC, para lo cual se había previsto la aprobación de una propuesta legislativa que posibilite el pago de las obligaciones generadas por medio del FEPC, para asegurar la continuidad de su operatividad, dado el contexto de volatilidad a escala mundial.

 

Por otro lado, el Gobierno también acordó el aporte de capital a Petroperú por 1000 millones de dólares, con la finalidad de reforzar su capacidad financiera para continuar con las operaciones de la empresa. 

 

De esta manera, el Gobierno respalda a la empresa estatal, cuya adecuada operatividad es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar el incremento de precios, dos aspectos esenciales que impactan en la economía de la población, especialmente la de menores recursos.

 

Petroperú es una empresa pública estratégica del Estado, que atiende a un mercado importante a escala nacional con abastecimiento y distribución de combustible, llegando a zonas del país donde hay escasa o nula presencia privada.

El FEPC es un mecanismo que mitiga la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, y genera un costo fiscal. 

 

 

Tan es así que, como resultado del impacto que generan la emergencia sanitaria debido al covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la volatilidad de los precios de los combustibles ha experimentado una mayor variación de lo previsto, repercutiendo en el alza de precios de los alimentos, retracción de la demanda agregada y la desaceleración de la economía, entre otros perjuicios relacionados con el equilibrio macroeconómico.

 

El Gobierno toma medidas por intermedio del FEPC para mitigar el incremento del precio al consumidor de los combustibles locales usados por familias de bajos ingresos. Así, mediante los decretos supremos N° 002-2022-EM y N° 007-2022-EM se dispuso estabilizar la banda FEPC del diésel para uso vehicular por períodos y la inclusión temporal de las gasolinas de 84 y 90 octanos, del gasohol de 84 octanos y del GLP a granel al FEPC; y recientemente, mediante el Decreto Supremo N° 011-2022-EM se dispuso extender esta medida hasta el 31 de diciembre del 2022.