El objetivo es verificar si aplican la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley N° 30927, precisa el director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, José Luis Díaz.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) empezará un proceso de supervisión de los estudios de abogados que llevan adelante los procesos judiciales de la entidad para determinar si aplican la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley N° 30927, conocida como Ley de Allanamiento, informó el director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, José Luis Díaz Callirgos.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el funcionario sostuvo que como parte de los procesos de fiscalización correspondientes al último trimestre del presente año, su despacho ejecutará dos actividades fundamentales en estas tareas.
“La primera será verificar que todos los estudios que, en la actualidad, llevan nuestros procesos judiciales, que suman un poco más de 20,000, estén aplicando la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley de Allanamiento”, afirmó.
Características
De acuerdo con la citada norma, la institución está facultada para conciliar, desistirse, transigir o allanarse de oficio en los procesos judiciales que en materia previsional referidos al Decreto Ley N° 19990 y demás normas modificatorias y complementarias se encuentren en trámite a la fecha de su vigencia, así como en los que empiecen a partir de la ley.
“Varios de nuestros asesores legales externos pueden tener procesos judiciales que todavía continúan, pero que ya deberían estar concluyendo en aplicación de los criterios que se aprobaron en la ley. También en aplicación de estos criterios, la Resolución Jefatural N° 035-2022-ONP nos obliga a identificar los casos para la aplicación administrativa del allanamiento”, recalcó.
Díaz aseguró que su oficina revisa permanentemente la forma de actuar de los colaboradores en los juicios que se entablan contra la entidad. “Esa es una línea de acción, la supervisión, y vamos a verificar que los Alex [asesores legales externos] estén aplicando esa normatividad”, enfatizó.
Este trabajo, refirió, se ejecutará de dos formas. “El primero será en gabinete, es decir, aquí revisaremos los procesos judiciales de acuerdo con los expedientes electrónicos que fiscalizaremos, pero también saldremos a verificar las condiciones de infraestructura y de recursos humanos que se requieren”, aseveró.
“Si un asesor legal externo no cuenta con los recursos humanos suficientes, nunca identificará los expedientes judiciales que maneja para aplicar los criterios a favor de los administrados”, detalló.
Condiciones
Por otro lado, el director general de la Oficina de Asesoría Jurídica dijo que su despacho revisa permanentemente las condiciones legales que rodean a las peticiones de pensión que se efectúan ante la ONP.
“Por ejemplo, el tema minero es un universo de trabajadores que se someten al Decreto Ley N° 19990, que pueden tener dos opciones al término de su vida laboral: obtener una jubilación minera u otra dentro del régimen general. Una jubilación es mejor que la otra”, precisó.
En ese contexto, explicó, la Oficina de Normalización Previsional verifica la normatividad para identificar a los actores que deben intervenir en la calificación, a fin de determinar quiénes son realmente trabajadores de la actividad minera y quiénes no pertenecen a este rubro.
“Esta pensión minera está solo destinada a los que hacen actividad minera propiamente dicha, llámese en socavón, llámese de la extracción, procesamiento, eso lo establece la ley. Sin embargo, hay pretensiones que podrían estar cercanas a esas actividades que se han reconocido”, expresó.
Por ejemplo, indicó, figuran los llamados lamperos que entran al socavón, como personal de “limpieza”, y utilizan sus lampas para sacar la tierra. “Ese es su trabajo, meter lampa, sacar tierra, pero no son calificados como mineros”, subrayó.
Debate
“¿Qué debemos hacer frente a esa situación? ¿Nosotros como ONP debemos calificarlos? No. Creemos que la ley o las autoridades llamadas a atender el tema son los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y de Energía y Minas (Minem), y lograr un consenso de intervenciones. Ahí hay algunos vacíos que sí es necesario que discutamos”, afirmó.
Díaz aseguró que la ONP está siempre tratando de identificar los vacíos que se reconocen que existen, pero que han estado olvidados en el tiempo. “Esto no es de ahora, ya están desde hace años, pero no se movió el tema, porque no hubo una política institucional de hacer una gestión de expedientes judiciales proasegurado”, recordó.
“Ahora, la tenemos con esta administración y en esa línea es que debemos necesariamente identificar a los actores que no podemos ser nosotros, pero tenemos que tocar las puertas, notificar al Poder Ejecutivo mismo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que este tema se trabaje en las instancias correspondientes. Esa es todavía una ruta por caminar, pero si no se empieza, nunca se tratará de solucionar”, puntualizó el funcionario.
Sin tramitadores
Un llamado a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para que al empezar sus trámites de jubilación acudan directamente a la ONP y eviten a los tramitadores, pues estos los pueden estafar, hizo José Díaz.
“Lo que les pido es que en lugar de que vayan a buscar a un tramitador para acudir a la ONP respecto a una situación que no llegan a comprender, vengan directamente porque aquí hay oficinas para asesorarlos y puedan acceder desde un inicio al trámite de su pensión”, recalcó.
Aclaró que tampoco es necesario que una persona que aportó durante años al SNP llegue a la ONP a presentar su solicitud de pensión acompañado por un abogado porque no tiene ningún litigio con la institución.
“Contamos con una unidad funcional de acompañamiento y otra que verifica las reclamaciones que puedan presentar y ayudarlos a solucionarlas”, aseguró.
