Por unanimidad, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Luis Aragón (Acción Popular) se allanó, en parte, a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone cambios relacionados a la prestación del servicio de transporte regular y especial de personas para Lima y Callao.
La propuesta observada señala que existe afectación indebida de libertades constitucionales, es decir, que la autógrafa introduce una nueva función para la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en la fijación de las tarifas tope de los servicios públicos de transporte bajo su competencia tanto para concesiones como para autorizaciones.
Sin embargo, en el marco legal vigente no contempla medidas de intervención estatal directa en la regulación de precios y tarifas. No es competencia de la ATU fijar tarifas.
Asimismo, indica que afecta a los principios constitucionales de desaparición de poderes y de competencia. La ATU fue creada no como regulador sino como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo en el artículo 3 de la Ley 30900, por lo que la modificatoria planteada por la autógrafa no resulta coherente con el ordenamiento jurídico.
En otro momento, el congresista Guido Bellido Ugarte (PL), sustentó su iniciativa legislativa que plantea autorizar de manera excepcional la circulación de vehículos con características menores destinados al servicio de taxi.
Indicó que su propuesta tiene por objeto permitir de manera excepcional la circulación de vehículos destinados al servicio de taxi cuyas características sean menores a 1,000 kg de peso y 1,250 centímetros cúbicos de cilindrada, en zonas urbanas cuyas calles sean de acceso limitado.
