El Gobierno promulgó ayer la Ley Nº 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia y crea un impuesto especial del 12%.
La disposición legal, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, tiene por objeto regular la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia y crea el impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.
Asimismo, designa a la autoridad administrativa competente, establece las infracciones y sanciones aplicables y el ejercicio de las facultades de supervisión, control, fiscalización y sanción dentro del marco de los controles y política del juego responsable y protección a los menores de edad y personas excluidas de participar en los juegos objeto de regulación.
Se establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) es la autoridad administrativa a escala nacional que regula, autoriza, revoca, fiscaliza y sanciona la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.
Se precisa que son fines de la ley garantizar que la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia se conduzca con integridad, honestidad, transparencia y trato igualitario.
También, proteger a los sectores vulnerables de la población mediante controles de acceso de menores de edad y ejecución de políticas de juego responsable destinadas a prevenir el desarrollo de conductas adictivas.
Asimismo, evitar que la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia sea empleada para la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo o para la comisión de fraudes, delitos informáticos y cualquier otro propósito ilícito.
Recaudación
Por primera vez el Perú ha creado un impuesto especial al juego por internet y apuestas deportivas de 12%.
Esto generará una recaudación anual al Estado de 156 millones de soles aproximadamente.
Del monto recaudado, el 40% estará destinado al desarrollo turístico; 20% a promover la salud mental y atender a la población afectada; 20% al deporte; y un 20% al tesoro público, que podrían utilizarse para políticas sociales del Gobierno.
