En la misma población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, diez militares retirados comenzaron a reconocer, ante las familias de las víctimas, la ejecución a sangre fría de cien civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.

Ocaña, Colombia
AFP

En la inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.

Audiencia

Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.

En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

Invocación

“Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares [...] eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones”, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado.

Sus abogados, delegados de la ONU y la OEA, y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato.

El coronel Rubén Castro reconoció la existencia de una “banda criminal al interior” de sus hombres “creada con el único fin de incrementar” las bajas a “como diera lugar”. El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de “gente buena”.

Práctica sistemática

El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 que hace presencia en la línea fronteriza, es el uniformado de mayor rango por comparecer en la audiencia.

Durante su ejercicio, los diez imputados dieron órdenes “sin las cuales la conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”, dijo en su intervención la magistrada Catalina Díaz.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en el pueblo de unos 100,000 habitantes, y motivada por una “política institucional del Ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.