Sostuvo que la Ley Universitaria tiene vacíos legales que han generado acusaciones de presuntos actos de corrupción que implican a estas autoridades.
Una propuesta para modificar algunos acápites de la Ley Universitaria, debido a que tiene algunos vacíos legales que han generado denuncias por presuntos actos de corrupción, que implican a los rectores de algunas universidades públicas, hizo el ministro de Educación, Rosendo Serna.
En la última sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de la República, en la que se presentaron autoridades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica) y de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Serna consideró que faltan algunas precisiones específicas sobre el tema de la elección de rectores.
"El proceso de elección de autoridades de las universidades públicas debe estar basado en méritos profesionales, criterios académicos y cualitativos, y no por medio de elecciones internas que organiza la propia universidad. Este hecho está generando pugnas por injerencia política y denuncias que perjudican el desarrollo de diversas casas de estudios", sostuvo.
El ministro dijo que se deben reevaluar algunos puntos de la Ley Universitaria y especificar, entre otros puntos, el proceso de elección de los rectores. "A mi entender, la elección de autoridades de las universidades debe estar a cargo de un comité especial de alto nivel que verifique la idoneidad y el nivel académico de los candidatos", señaló.
"Hasta el momento, ha habido denuncias por este caso en la Unica, la UNP y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; entonces, algo no anda bien y se requieren afinar las normas, teniendo en cuenta que toda ley es perfectible", indicó.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) solo emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley y otras normas reglamentarias, como parte de su función y en el marco de su ámbito de competencia.
Serna dijo que las recomendaciones de la Sunedu solo pueden servir de base para la determinación de las responsabilidades pertinentes, pero es necesario que cualquier miembro de la comunidad universitaria denuncie las irregularidades que constituyan indicios razonables de infracciones o actos de corrupción.
