La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial (PJ) presentó la ‘Guía para actores judiciales: Acceso a la justicia de personas refugiadas y migrantes en el Perú’.

El documento desarrolla principios, estándares internacionales y criterios jurisprudenciales de protección, así como decisiones por considerar en los procedimientos de control migratorio y en la determinación de la condición de refugiado.

Por ende, la presidenta del PJ, Elvia Barrios Alvarado, calificó a este documento de gran herramienta de trabajo y consulta para los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional.

“Contribuirá a garantizar el real acceso a la tutela judicial efectiva de la población en condición de vulnerabilidad, principalmente de los migrantes y refugiados, frente a la conculcación de los derechos”, aseguró.

La autoridad judicial añadió que la pandemia precarizó las condiciones de la población, afectando más a los migrantes y refugiados.

Por ello, precisó, constituye una responsabilidad aún mayor garantizar las condiciones necesarias para que puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades.

Barrios recordó que ‘Las cien reglas de Brasilia’, de las cuales forma parte el Poder Judicial peruano, tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, incluidos -por ejemplo- los migrantes.

En tanto que la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la citada comisión, indicó que con la guía se aspira a que los jueces y juezas estén preparados para dar respuesta y solución a las personas que buscan refugio y que estas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, empezando por la igualdad de acceso a la justicia, sin ningún tipo de discriminación.

Aporte

La guía constituye el resultado de un trabajo conjunto entre la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del PJ, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El objetivo del documento, estructurado en seis partes, es garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en movilidad humana, como refugiadas, migrantes y apátridas.