Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la entidad, expuso el mecanismo que busca reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuye al desarrollo integral sostenible.
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, socializó el Pacto Social Ciudadano y las medidas de protección de las personas defensoras ambientales en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, durante su participación en el Segundo Programa de Capacitación sobre Personas Defensoras Ambientales, organizado por el Ministerio del Ambiente (Minam).
“El Pacto Social Ciudadano es un compromiso construido entre el Estado y la Sociedad Civil de la región Andino - Amazónica, prioritariamente con los pueblos originarios, las productoras y productores agrarios, con la finalidad de reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral sostenible”, comentó.
Destacó que Devida, como ente rector en la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, impulsará y articulará la presencia multisectorial del Estado y de los diferentes niveles de Gobierno, priorizando una intervención territorial que aborde de manera integral el problema de las economía ilegales.
Dijo que con ese fin, Devida ha suscrito un convenios marco y específico para contar con los mecanismos que permitan fortalecer la promoción de actividades productivas y a los agricultores que generan desarrollo sostenible en los pueblos originarios.
“Está no es solo una tarea de Devida, sino que es una responsabilidad conjunta de los diversos poderes del Estado para poder combatir profundamente al narcotráfico”, sostuvo.
Devida fue recientemente incorporada como parte del “Mecanismo Intersectorial para la Protección de personas defensoras de derechos humanos" cuya coordinación lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante el Decreto Supremo N º 002-2022-JUS, que fortalecerá la respuesta y acción intersectorial del Estado, en especial brindará una mayor protección a los defensores indígenas cuyas comunidades están afectadas por la presencia del narcotráfico.
