En entrevista con Punto Final, de Latina, el titular de la PCM mantuvo su posición de que la empresa Repsol, a cargo de la refinería La Pampilla, no reaccionó de manera diligente ante este desastre ecológico, lo que ha generado una serie de consecuencias mucho mayores, que si se hubiera reaccionado a tiempo.

 

“Nosotros estamos convencidos que hay una seria responsabilidad de la empresa, que no pueden eludir este tipo de responsabilidad”, señaló tras acusar a la compañía de no haber implementado su plan de contingencia, de haber entregado información inexacta sobre la cantidad de petróleo y el área afectada, y también, de no estar atendiendo debidamente a los pescadores afectados por este derrame, que no pueden salir a pescar.

 

“En estos momentos estamos haciendo un análisis de todas las acciones legales que podemos implementar. Hemos convocado a un equipo legal que revise todos esos temas, tenemos que hacer muy escrupulosos, no descarto nada, en estos momentos nos toca revisar todos los aspectos legales”, señaló, cuando se le preguntó si entre estas acciones contra la empresa, podría estudiarse el retiro de la licencia.

 

“En lo inmediato lo que buscamos es la limpieza y la remediación (del área afectada), atender a las poblaciones afectadas, buscar una sanción ejemplar y buscar las indemnizaciones que corresponden (…) No somos ningún gobierno antiempresa ni yo tampoco soy una persona antiempresa, pero si soy una persona que quiere luchar por los temas ambientales y respeto a los derechos humanos”, señaló.

 

De otro lado, Vásquez Chuquilín aclaró que cuando anunció el jueves pasado en Ventanilla la entrega de canastas para las familias de los pescadores afectados por el derrame, lo hizo con un sentido humanitario, que es lo que se necesita en estos momentos porque no pueden salir a pescar, pero que no se trata de una indemnización.

 

Dijo que hablar de indemnización implica otro concepto, y que eso incluye no solo a las poblaciones afectadas, como los pecadores, sino también el daño ecológico y también turístico.

 

Justamente, señalo que esta semana deben llegar al país expertos de las Naciones Unidades, para ayudar a calcular el daño ocasionado, y en función de ellos, establecer las reparaciones.

 

Asimismo, señaló que a la empresa Repsol se le ha dado una serie de responsabilidades, como la limpieza de las playas y otras que, si no cumple, será pasible de una sanción.

 

 

De otro lado, Mirtha Vásquez, se refirió a la acción de inconstitucionalidad que planteará el gobierno contra la ley aprobada por insistencia en el Congreso, que obliga a pasar primero por el Legislativo, una consulta popular para las reformas constitucionales.

 

“Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda resolver de una manera objetiva y sin cálculo político (…) en un tema tan delicado como este”, señaló, tras ratificarse que esta norma limita la participación ciudadana en un derecho fundamental como el referéndum.

 

Señaló que las propias declaraciones de los promotores de esta ley, de que de esa manera se cerraría el paso a la convocatoria a una asamblea constituyente para cambiar la constitución, es una evidencia de que en esa decisión ha primado el cálculo político sobre un tema específico, “y así no se legisla”.