Especialista calcula para finales de diciembre o principios de enero del 2022 el fallo constitucional sobre la Ley N° 31355.
El Congreso no debió modificar su reglamento interno en relación con la cuestión de confianza, sino esperar el pronunciamiento sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 31355 que sustenta estos cambios, y que ya está en trámite en el TC, opinó el constitucionalista Juan Carlos Ruiz.
Dijo que si bien la ley aprobada por insistencia en el Legislativo ya se encuentra vigente y, por lo tanto, se presume su constitucionalidad, el hecho de que ya exista un proceso en marcha en el TC, con la posibilidad de que la norma pueda ser derogada, hubiera obligado a las autoridades parlamentarias a actuar con prudencia.
Por medio de la Resolución Legislativa Nº 004-2021-2022-CR, promulgada este martes en el Diario Oficial El Peruano, el Congreso adecuó el artículo 86° de su reglamento a la Ley N° 31355, aprobada recientemente, que regula la presentación de la cuestión de confianza, y que es parte de una denuncia de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo.
Básicamente, lo que cuestiona el Ejecutivo es que esta ley modifica la Constitución, y eso debió realizarse por medio de una reforma constitucional, y no una ley ordinaria, pero además altera el equilibrio de poderes porque recorta la capacidad del Gobierno de presentar una cuestión de confianza solo sobre sus competencias en el ejercicio de poder.
El abogado respalda esta posición, y dijo que lo que hace esta ley es vaciar de contenido la cuestión de confianza, cuando precisamente fue concebida para que el Gobierno pueda defenderse del Congreso, en el marco del equilibrio de poderes.
Ruiz anotó que, con esta legislación, el Gobierno no puede presentar cuestiones de confianza por cambios constitucionales o gestiones ministeriales.
Calcula que el fallo del TC sobre la materia podría estar listo a finales de este año o principios del próximo, teniendo en cuenta que el Congreso tiene 30 días para responder a la demanda, el TC diez días para convocar a la audiencia, y hasta 30 días para emitir fallo.
