Ministro Aníbal Torres dijo que no habrá cambios en el gabinete cuando este jueves se presenten al Congreso a solicitar el voto de confianza.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo esta noche que el gobierno no promoverá una asamblea constituyente, pero si propondrá reformas parciales a la Constitución, y una de las primeras reformas en que ya está trabajando su sector es un proyecto para terminar con los contratos ley.
En entrevista con Agenda Política, de Canal N, dijo que otras de las reformas constitucionales en que el gobierno está interesado, es terminar con los monopolios, oligopolios y posiciones dominantes en el mercado, así como convertir a la educación y la salud en derechos fundamentales de los peruanos.
“Esos grandes cambios constitucionales se pueden hacer desde dentro del Ejecutivo, mediante proyectos de ley. Por ejemplo, se puede presentar un proyecto de ley, y estamos trabajando en el Ministerio de Justicia, para terminar con los contratos ley. Eso requiere de un estudio, no se hace de la noche a la mañana”, afirmó.
En relación a la asamblea constituyente, reiteró que el gobierno no la promueve, justamente porque el presidente Pedro Castillo comprende que debe gobernar para todos los peruanos, a pesar de que se trata de una propuesta de Perú Libre, el partido de gobierno, pero reiteró que el Ejecutivo tampoco puede impedir que otros partidos políticos o sectores de la población la promuevan.
Sobre el voto de confianza, cuya sesión plenaria debe reanudarse este jueves 4 de noviembre en el parlamento, el ministro Torres señaló que no habrá cambios en el gabinete, que se mantienen los titulares del Interior y Educación, a pesar de los pedidos de la oposición para removerlos.
Acción de inconstitucionalidad
De otro lado, el titular de Justicia se mostró confiado en que el Tribunal Constitucional dará la razón al Ejecutivo en la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley que regula la cuestión de confianza, y que el oficialismo considera que debió hacerse mediante una reforma constitucional.
Indicó que su confianza reposa en las propias resoluciones que anteriormente ha fallado el TC, pero si ello no fuera así, entonces considera que habría cuestiones políticas.
"Si el Tribunal Constitucional rechaza la demanda, estaría rechazando sus propias decisiones, sus propias intervenciones, dadas en dos sentencias anteriores. El juez, sea cualquier juez, incluido el juez constitucional, tiene que actuar con honestidad, con transparencia. La justicia tiene que ser previsible. Si va a estar cambiando de la noche a la mañana por situaciones políticas, entonces ha dejado de ser un tribunal”, comentó.
Finalmente, Torres destacó los proyectos de ley aprobados en la sesión del Consejo de Ministros descentralizado realizado en el Cusco, para acelerar los procesos sumarísimos en el Poder Judicial, cuando se trate de alimentos, desalojos e interdictos.
Señaló que estos procesos pueden durar dos, tres y hasta diez años, y que el objetivo es que con esta ley se puedan resolver de manera sumaria, y el juez que incumple con esta disposición, será suspendido hasta con 18 meses, y si es reincidente, podría ser destituido.
