La procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, manifestó que fueron productivas las coordinaciones realizadas en Estados Unidos con la Embajada del Perú en ese país y el estudio de abogados contratado para la extradición de Mariella Huerta Minaya y Gustavo Salazar, prófugos del caso Odebrecht.

Las reuniones en Estados Unidos han sido productivas para acelerar la recuperación de activos.

En declaraciones a la agencia Andina, Carrión sostuvo que las reuniones de trabajo se hicieron en conjunto con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, a cargo de las investigaciones en este caso.

Mariella Huerta Minaya está investigada por la concesión del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, mientras que Salazar Delgado por el presunto pago de coimas por la Vía Expresa del Cusco.

“Ellos están prófugos, están en Estados Unidos, el Departamento de Justicia está evaluando esas dos solicitudes de extradición. Nos hemos reunido con la Embajada del Perú y el estudio de abogados contratados por el Estado peruano para los casos de extradición”, refirió.

Revisión

Precisó que los procesos de extradición en ambos casos aún no se han iniciado y que están en revisión en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La procuradora Carrión indicó que durante su visita a Estados Unidos se coordinó para la recuperación de activos vinculados al caso Lava Jato.

“Es un trabajo reservado que hace con las autoridades del país, las reuniones han sido productivas para acelerar la recuperación de activos”, apuntó.

Carrión fue autorizada a viajar a Estados Unidos del 20 al 25 de setiembre, con el fin de coordinar respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, así como de Mariela Huerta Minaya y Gustavo Salazar Delgado.

Caso Toledo

Comentó que en el caso del expresidente Alejandro Toledo, cuya extradición por el caso Interoceánica está en manos del juez Thomas S. Hixson, existe adicionalmente otro pedido de extradición por el caso Ecoteva, aprobado por el Poder Judicial.

Precisó que el expediente de este caso se halla en proceso de traducción para presentarlo a Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre el 2005 y el 2014, la constructora brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles para que la favorezcan en los procesos de licitaciones de obras públicas.