Titular del sector dijo que se trabajará en objetivos estratégicos como es garantizar el acceso a la justicia, fomentar el respeto a los D.HH, reducir los delitos penales, cautelar los intereses del Estado, entre otros.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022, que asciende a 1,835 millones soles, esto es 2.7 % mayor a lo asignado para este año.
Torres anunció que la formulación de dicho presupuesto se sustenta en un marco estratégico constituido por cinco ejes misionales que se articulan a los objetivos estratégicos:
Estos son, garantizar el acceso a la justicia de la población, con énfasis en situación de pobreza y/o en condición de vulnerabilidad; fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía; contribuir a la reducción de los delitos e infracciones a la ley penal; garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado; y como quinto objetivo, fomentar el respeto de la legalidad en la sociedad.
Cada uno de estos objetivos se implementará a través de los pliegos del Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la Procuraduría General de la República, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
El titular de Justicia informó a los miembros de la comisión que preside el congresista Segundo Acuña, que hacia el final del 2021, la proyección a nivel del sector será de 93.5 %, y se espera superar la ejecución del 2020, que fue del orden del 85 %.
En tanto, estima que el nivel de ejecución de inversiones bordeará a fin de año el 65.3 %. El ministerio 84.5 %, el Inpe 46.8% y la Sunarp 99.3 %.
Metas del próximo año
Aníbal Torres señaló que para el 2022, Justicia y Derechos Humanos tendrá 500 millones de soles, una variación de 70 millones más respecto al 2021, que, a su vez, experimentó una reducción de 180 millones respecto al 2020, debido a una contracción provocada por la necesidad de priorizar gastos para enfrentar la emergencia sanitaria.
El Inpe tendrá 785 millones de soles; la Sunarp 516 millones de soles; y la Procuraduría General del Estado, que es un nuevo pliego, 34 millones de soles.
El presupuesto 2022 para inversiones, de acuerdo con Aníbal Torres, asciende a 224 millones de soles.
Además, el sector Justicia y Derechos Humanos tendrá 89 millones de soles para, entre otros programas, el Mejoramiento de los Servicios de Justicia no penales y de los Servicios de Justicia en Materia Penal.
Asimismo, el Inpe tendrá 118 millones de soles para continuar con las obras de los establecimientos penitenciarios para mujeres en Pucallpa, Lampa, Arequipa y Trujillo; el inicio de obras del penal de Chimbote, Iquitos, Cajamarca, y saldo de obra del penal de Chincha
Además, la culminación de expedientes técnicos de los penales de Ica, Abancay y Piura; la construcción de un penal de máxima seguridad en Ancón, a financiarse mediante modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión.
La Sunarp, a su vez, iniciará la construcción de oficinas regionales en Chiclayo, Bagua y Chanchamayo hasta por un monto de 17 millones de soles.
