El juez supremo Hugo Núñez Julca dictó cuatro años de pena suspendida de cárcel contra exfiscal, por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado y al pago de una reparación civil de 100,000 soles a favor del Estado.
Durante la lectura de los hechos imputados, se recordó que en su calidad de fiscal de la Nación, Chávarry ordenó al Equipo Especial, mediante el oficio Nº 6553-2018-MP-FN-SEGFIN del 17 de diciembre del 2018, que le remita información sobre la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, pese a que legalmente el proceso de colaboración eficaz tiene la calidad de reservado.
Además, mediante resolución Nº 4853-2018-MP-FN, del 31 de diciembre del 2018, removió a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez del equipo especial del Ministerio Público, a pocos días de suscribirse el citado acuerdo de colaboración eficaz
Estas acciones "habrían tenido como finalidad dificultar el acopio de medios probatorios en las investigaciones a cargo del equipo especial en el caso Odebrecht, para sustraer de las investigaciones fiscales en curso a miembros del partido político Fuerza Popular”.
Durante la lectura de la sentencia se mencionó que la remoción de los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez "constituye un hecho base que está rodeado de circunstancias que permiten arribar a la conclusión de que el acusado Pedro Chávarry Vallejos frustró u obstaculizó las diligencias programadas de este proceso especial, en enero de 2019, en Brasil".
La botica
Se precisó además que las conversaciones entre los exlegisladores de Fuerza Popular, en el chat 'La Botica', evidencian coordinaciones para desplegar acciones en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y la defensa de Pedro Chávarry.
A ello se suman las declaraciones de un testigo protegido y de Jorge Yoshiyama Sakaki, quienes indicaron que había un pacto entre Pedro Chávarry y Fuerza Popular para que el ex fiscal supremo los ayude en las investigaciones contra Fuerza Popular a cambio de protección en el Congreso ante las denuncias constitucionales que enfrentaba.
La fiscal suprema Bersabeth Revilla había solicitado tres años de cárcel y la inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo público. Además, impuso el pago de 30,000 soles de reparación civil en favor del Estado.
Respecto a la pena, el juez Julca sostuvo que, si bien la regla general es que no se puede apartar de la pena solicitada por el fiscal supremo en su denuncia, considera que se puede imponer una pena superior, dentro del marco de racionalidad y proporcionalidad.
Al respecto, dijo que tomando como agravante que Pedro Chávarry cometió el delito en su condición de fiscal de la Nación y ocasionó un grave daño a la investigación y a la imagen del Ministerio Público, la pena era de 4.8 años, pero que en razón de su edad (67 años) consideró como razonable fijarla en cuatro años.
Tras la lectura de la sentencia –en la que participó el acusado Pedro Chávarry–, los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría expresaron su conformidad con la sentencia emitida.
