La Contraloría General tiene facultades para inhabilitar y separar temporalmente de la administración pública hasta por cinco años a servidores y funcionarios públicos que cometan infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones, ocasionando perjuicio a los intereses del Estado.

Según la Contraloría, actualmente existen 32 conductas infractoras tipificadas en la Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, norma que permitirá a las y los funcionarios y servidores públicos conocer las inconductas funcionales pasibles de sanción, mediante un procedimiento administrativo sancionador.

Tipos

Entre las conductas que pueden ser sancionadas con la inhabilitación para ejercer la función pública figuran: autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa; actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su función, dando lugar a un beneficio, propio o de tercero.

Asimismo, usar los bienes o recursos públicos incumpliendo las normas que regulan su ejecución o uso; percepción de doble remuneración en el sector público, lo cual está impedido por ley.