En esta entrevista, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hace un balance de las acciones de su sector en este período del Gobierno de Transición y Emergencia.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli, informó que se ha triplicado el número de mujeres atendidas por casos de violencia y que cerca de 8,000 niños que perdieron a sus padres como consecuencia del covid-19 ya reciben la pensión de orfandad de 200 soles mensuales.
Informó además que se avanza en el proceso de transferencia del cargo con el objetivo de que en el próximo gobierno pueda continuar con el trabajo ejecutado en la actual gestión. Pidió mantener la calma y confiar en las instituciones democráticas.
–¿Cuáles son los logros que puede mostrar su sector en estos meses en que el tema predominante ha sido y es la lucha contra la pandemia?
–Si bien, en general, ha sido la lucha contra la pandemia, esta ha revelado un conjunto de necesidades y problemas como la violencia a la mujer. Nuestro sector se encarga de generar protección a las personas, tanto a las mujeres como a las poblaciones vulnerables donde están comprendidos los niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como los desplazados internos. Aún continuamos con nuestra tarea porque vamos a trabajar hasta el último día.
Un primer logro ha sido la pensión de orfandad, un apoyo económico que se viene entregando a las personas que han quedado huérfanas (niños, niñas y adolescentes) producto del fallecimiento de alguno o ambos padres por el covid-19. Obtuvimos el financiamiento para hacer una entrega a 10,800 niños que habíamos proyectado en enero, iniciamos el trabajo de recolección de información a partir de marzo y, a la fecha, tenemos a 7,778 menores que ya reciben su pensión de 200 soles mensuales.
–Usted dice que hay 7,778 niños que están recibiendo la pensión de orfandad. De acuerdo con la base de datos de fallecidos del Minsa estamos en alrededor de 200,000 fallecidos por covid-19, ¿Cuántos niños y adolescentes estarían en la condición de orfandad?
–Calculamos que son alrededor de 34,000, pero como este es un sinceramiento reciente, nosotros tenemos el presupuesto y las metas para los primeros 10,800 que se habían proyectado. Con arreglo al marco anterior de referencia, estamos adelantando todo lo que se pueda para llegar a los 10,000, de modo que la siguiente gestión de gobierno pueda solicitar una ampliación presupuestal y pueda contar con recursos para ir atendiendo progresivamente a una población mayor. Adicionalmente, hace 15 días hemos enviado al Congreso un proyecto de ley que permite dar sostenibilidad a estas pensiones a lo largo del tiempo.
–Otro problema que se agudizó fue la violencia contra las mujeres y el grupo familiar; ¿Qué se avanzó en estos meses?
–El dato que recibimos de la Línea 100 es que se ha incrementado el número de llamadas en un 135%; sin embargo, los servicios de atención en los centros de emergencia mujer se habían reducido, era una cosa inexplicable. Entonces, lo que hicimos este año es preparar al Estado para dar una respuesta a las víctimas.
Declaramos como esenciales todos los servicios que atienden casos de violencia, lo que permite la circulación del personal. Ahora, los integrantes del Centro de Emergencia Mujer no se quedan sentados esperando que lleguen las víctimas, sino, al tomar conocimiento de un hecho de violencia, se desplazan al lugar donde está la víctima. De esa manera acercamos los servicios del Estado a la ciudadanía; así hemos triplicado el número de personas atendidas.
–¿Qué avances específicos existen al respecto?
–Si sumamos los servicios de emergencia, los servicios itinerantes, el servicio de atención urgente y la Línea 100, hemos atendido, de 205,000 casos de enero al 31 de mayo, el triple de lo que se atendió el año pasado porque estaban cerrados estos servicios o atendían mínimamente. Tenemos que llegar con oportunidad. Antes no había una estrategia de prevención, hemos aprobado los lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia y la próxima semana la debemos oficializar para dejar a la siguiente gestión.
–¿Cuáles serán los ejes de esa estrategia de prevención?
–Primero, tiene mandatos para el Estado que debemos atender, pero también las municipalidades, las empresas y las instituciones de la sociedad civil tienen responsabilidades que cumplir. Tenemos que transformar la idea de que la mujer es un ser inferior.
–En el campo del empoderamiento de la mujer, ¿Qué se está dejando para la siguiente administración?
–Tenemos el programa Aurora, que incluye empoderamiento económico para las mujeres que han sido víctimas de violencia. Es un programa que se cofinancia con la cooperación internacional y que no tiene una gran envergadura porque es un piloto. También tenemos convenios con las empresas para que puedan dar un cupo de plazas para que accedan las mujeres que han sido víctimas de violencia.
En el caso de Ministerio de Trabajo está el programa Trabaja Perú, que, en el 87 % de los casos ha beneficiado a mujeres, y los criterios para seleccionarlas incluyen a jefas de familia, mujeres sobrevivientes de violencia. También hay distintos programas sociales para las pequeñas y medianas empresas tratándose de mujeres. Estamos desarrollando distintos tipos de estrategias para mejorar las condiciones y empoderar a las mujeres.
Obviamente, la capacitación es clave; por ello trabajamos con Sencico en temas de capacitación para que las mujeres accedan a tareas que usualmente eran solo para hombres.
–Esta semana se aprobaron dos políticas públicas, la de las personas con discapacidad y la de adultos mayores. ¿Cuáles son los objetivos y las metas?
–Hemos aprobado también la política nacional de niños, niñas y adolescentes hacia el 2030 porque nuestra gestión se había comprometido a aprobar esas tres políticas nacionales. El problema identificado es de discriminación estructural hacia estos grupos poblacionales, se les quitan oportunidades a estas personas. Pero todos ellos tienen derechos, deben acceder a educación y a la posibilidad de desarrollar sus capacidades.
Deben existir criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad. La atención de salud tiene que ser integral para ellos, para que puedan atenderse en los centros médicos. Tenemos que asegurar calidad de vida.
–Desde la perspectiva de su sector, ¿Cuál es su opinión sobre el momento que vive el país en este periodo en el que ya deberíamos estar en plena transferencia de gestión?
–Creo que es muy importante que nuestro país mantenga la calma, confíe en las instituciones democráticas; hemos construido un país democrático que nos ha costado mucho trabajo; por consiguiente, tenemos que esperar que las instituciones que están a cargo culminen su trabajo. Desde el Ejecutivo, tenemos que mantenernos al margen; un compromiso de este Gobierno de Transición y Emergencia ha sido justamente garantizar que haya elecciones libres y democráticas, y debemos respetar las decisiones que tomen.
